El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aprobada por la Unión Europea en abril de 2016, brinda a las empresas un periodo para su adaptación, siendo el 25 de mayo de 2018, la fecha de efectiva aplicación.

La cantidad de datos de los ciudadanos, registrados en bancos de datos públicos y privados, crece en forma exponencial, siendo intención de la Unión Europea uniformar las leyes de privacidad de datos de todos los países miembros, a fin de lograr un mercado único digital.

Los avances de la tecnología, multiplican las posibilidades de acceder e intercambiar datos de múltiples fuentes de almacenamiento. Estas nuevas formas de vinculación aumentan la posibilidad de que dichos datos sean incorrectamente asentados, tratados o difundidos, produciendo un menoscabo en la intimidad o afectando la imagen de una persona.

El derecho a la intimidad ha sido erosionado por el desarrollo tecnológico de los tiempos actuales, por eso, y con el fin de impedir y remediar tales situaciones, surge el Reglamento General de Protección de Datos de los ciudadanos de la Unión Europea, aplicable a todas las empresas que cuenten entre sus clientes de la Unión.

El incumplimiento de esta regulación hace pasible a las empresas de importantes sanciones económicas, que pueden ascender hasta los 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de negocio del infractor.